Energía solar: cómo afectan los incendios a los proyectos RTB

Los proyectos fotovoltaicos en fase Ready-to-Build (RTB) enfrentan una revisión integral de sus condiciones técnicas, ambientales y económicas cuando un incendio forestal afecta los terrenos donde están planificados. Este escenario, que puede desencadenarse incluso por causas externas como un rayo, obliga a los promotores a reevaluar la viabilidad de instalaciones que ya contaban con permisos avanzados. La situación plantea interrogantes críticos sobre la estabilidad de autorizaciones que parecían consolidadas en el mercado español de energías renovables.

Permisos que resisten, condiciones que cambian

Un incendio forestal no anula automáticamente las autorizaciones ya obtenidas por un proyecto fotovoltaico. La Autorización Administrativa Previa (AAP), la Autorización Administrativa de Construcción (AAC), la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y las licencias de obra municipales mantienen su vigencia formal tras el siniestro.

Sin embargo, el fuego altera radicalmente las condiciones físicas y ambientales que sirvieron de base para esas concesiones. El terreno quemado no es el mismo que el evaluado meses o años atrás, lo que genera una tensión jurídica entre la validez nominal de los permisos y la realidad transformada del emplazamiento.

Según Jochen Beckmann, abogado especializado en energía en Rödl Barcelona, esta distinción entre validez formal y viabilidad real constituye el núcleo del problema para desarrolladores y inversores. La consultora jurídica alemana, con presencia en el mercado español desde 2015, ha asesorado a múltiples promotores en escenarios de contingencia ambiental.

Tres frentes de impacto tras el fuego

Beckmann identifica tres áreas donde los efectos de un incendio forestal se hacen sentir con mayor intensidad. Cada una de ellas puede derivar en modificaciones sustanciales del proyecto original o, en casos extremos, en su inviabilidad técnica.

Seguridad y requisitos técnicos: las autoridades competentes pueden exigir la revisión del Plan de Autoprotección (PAU) cuando el entorno experimenta cambios significativos. Esta obligación conlleva dos consecuencias operativas directas. Por un lado, la ampliación de zonas desprovistas de vegetación alrededor de las instalaciones reduce la superficie disponible para módulos fotovoltaicos, con el consiguiente recorte de la potencia total instalada. Por otro, la incorporación de infraestructura contra incendios, como balsas de agua o hidrantes, incrementa los gastos de capital (CAPEX) y puede comprometer la rentabilidad del proyecto.

Impacto ambiental: la DIA se construye sobre la base de las condiciones del terreno en el momento de su evaluación. Un incendio modifica drásticamente esos parámetros. Los riesgos de erosión del suelo se acentúan, la estructura de la vegetación cambia y las características hidrológicas del terreno sufren alteraciones que pueden no haberse contemplado en el estudio original. Esto obliga a replantear las medidas de protección y compensación establecidas en el documento ambiental.

Obligaciones legales: la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, impone a los promotores deberes específicos de vigilancia y comunicación. La mayoría de las DIAs incluyen cláusulas que obligan a informar a las autoridades competentes sobre cualquier evento relevante o modificación del proyecto, incluyendo desastres naturales como incendios forestales, que puedan afectar la evaluación ambiental inicial.

El dilema del inversor: activos maduros con riesgo inesperado

La tensión entre la madurez regulatoria de un proyecto RTB y su vulnerabilidad ante fenómenos naturales plantea un desafío particular para el financiamiento de renovables. Los bancos y fondos de infraestructura que participan en operaciones de project finance suelen estructurar sus préstamos sobre la base de flujos de caja predecibles, asociados a permisos que consideran estables.

Cuando un incendio forestal altera las condiciones del terreno, se activan cláusulas de material adverse change que pueden requerir renegociaciones, aportes de capital adicionales o incluso la suspensión de desembolsos pendientes. La experiencia reciente en mercados como California o Australia, donde proyectos solares han enfrentado condiciones de riesgo de incendio creciente, ha llevado a algunas entidades financieras a incorporar primas de riesgo climático en sus evaluaciones de proyectos en zonas propensas.

En el contexto español, la frecuencia creciente de olas de calor y la prolongación de períodos secos en la península han elevado el perfil de riesgo de incendios en regiones tradicionalmente consideradas seguras para desarrollos fotovoltaicos. Esto obliga a repensar las zonas de exclusión y los criterios de selección de terrenos que predominaban en el sector hasta hace pocos años.

Próximos pasos: reevaluación técnica y diálogo con administraciones

Los promotores afectados por incendios forestales deben iniciar un proceso de reevaluación técnica que abarque las tres áreas identificadas por Beckmann. Este proceso implica encargar nuevos estudios geotécnicos, actualizar los planes de autoprotección y, en muchos casos, solicitar modificaciones de la DIA o de otros permisos sectoriales.

La coordinación con las administraciones ambientales autonómicas resulta crítica en este escenario. Cada comunidad autónoma aplica criterios diferenciados para la valoración de impactos post-incendio, lo que introduce un elemento de incertidumbre regulatoria adicional para proyectos que operan en múltiples territorios.

El calendario de estas reevaluaciones puede extenderse entre seis y dieciocho meses, dependiendo de la complejidad del proyecto y de la carga de trabajo de los órganos evaluadores. Durante este período, los activos RTB pierden parcialmente su valor de liquidez, ya que potenciales compradores enfrentan dificultades para quantificar el riesgo residual.

¿Qué ocurre con un proyecto fotovoltaico cuando el seguro entra en juego?

La cobertura de seguros de construcción y operación para proyectos fotovoltaicos RTB afectados por incendios forestales presenta lagunas significativas que los promotores recién están empezando a identificar. Las pólizas estándar suelen cubrir daños directos a infraestructura ya construida, pero raramente contemplan los costes de rediseño derivados de cambios regulatorios post-siniestro.

Esta distinción entre daño físico e impacto regulatorio indirecto genera situaciones donde el promotor asume costes sustanciales sin posibilidad de recuperación a través de mecanismos asegurativos tradicionales. El mercado español de seguros de renovables, aún relativamente concentrado en pocas compañías especializadas, comienza a experimentar con productos que incorporen cláusulas de cambio regulatorio vinculadas a eventos climáticos extremos.

La pregunta que enfrentan hoy los desarrolladores es si estos instrumentos financieros evolucionarán con la suficiente rapidez como para acompañar la escala de despliegue prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que contempla más de 50 GW adicionales de fotovoltaica para 2030.

Información publicada originalmente por pv magazine España.